Un tendero al que exigieron 72.000 euros destapó la 'trama de los conseguidores'

El dueño de una tienda de animales de la zona de El Rastro fue quien destapó con su denuncia la trama de los conseguidores de licencias, según el sumario de la Operación Guateque. Juan Luis A. G. recibió una notificación del Ayuntamiento de Madrid para que clausurase su local y seguidamente, según su confesión, contactó con él alguien que, falsamente, se identificó como gerente de Urbanismo de Madrid. Éste le ofreció solucionar todos sus problemas con la licencia a cambio de 72.000 euros. Su denuncia activó la segunda fase de la Operación Guateque. La primera ya había cosechado 17 detenidos y nueve encarcelamientos, la mayoría funcionarios del Ayuntamiento; entre éstos, como supuestos cabecillas, el funcionario de la sección de Medio Ambiente Victoriano Ceballos.

Ante la dificultad de probar los hechos, el juez autoriza que se pinchen teléfonos

El 30 de julio pasado, bajo autorización del juez Santiago Torres, la Guardia Civil pinchó teléfonos tanto de funcionarios municipales de Madrid y de particulares y descubrió la llamada trama de los conseguidores. Se trata de funcionarios y particulares que, según el sumario, "se están lucrando indebidamente, con el consiguiente perjuicio para la ciudadanía y para la imagen de la Administración". Los investigadores detectan al menos 21 expedientes de licencias sobre locales públicos plagados de "irregularidades".

En su informe, los agentes muestran su "certeza de que la acción de la justicia tiene muy complicado demostrar esas irregularidades" y por eso piden al juez que autorice los pinchazos telefónicos. Los agentes fijaron su lupa sobre Carmelo García Sánchez, ex funcionario jubilado del Ayuntamiento de Madrid (quien ya fue absuelto en 2004 de un delito de tráfico de influencias), y Santiago Castillo, directivo de la firma de arquitectura AC 93, dedicada a tramitar proyectos de licencias. Señala la Guardia Civil en su informe: "Los denunciados Carmelo García y Santiago Castillo forman un equipo en el que actúan de intermediarios entre empresarios y el funcionario [municipal] encargado de la gestión administrativa [de las licencias]". No especifica quién de ellos, aunque sólo en esta segunda fase de la trama hay al menos implicados siete funcionarios de la Gerencia de Urbanismo y de la Junta Municipal de Centro, cuatro de ellos en la cárcel. García y Castillo, según el sumario, se dedican "a la captación de posibles clientes con la necesidad de iniciar negocios en locales comerciales de la capital". Es decir, hablan con ellos y les ofrecen, a cambio de dinero, "acortar notablemente los tiempos en la tramitación de los expedientes, garantizándoles [en unos casos] que obtendrán la licencia y [en otros] la posibilidad de lograr dictámenes favorables a que puedan estar abiertos y legalizados locales que no cumplen los requisitos y que han sido denunciados por los vecinos".

Los 21 expedientes en los que los investigadores han hallado irregularidades están repartidos por distintos barrios de Madrid. Los implicados en la trama de los conseguidores son los particulares Carmelo García y Santiago Castillo (ambos presos) y la empleada del mismo Beatriz Martínez. El papel de Carmelo García dentro de la trama es "realizar el trabajo de campo, tener trato directo con los clientes". Castillo, en nombre del citado estudio de arquitectura, tiene un amplio abanico de funcionarios con los que contacta para garantizar que los empresarios, tras pagar, consiguen su licencia o que la policía local no les cierre el negocio. En el sumario hay una conversación telefónica entre Carmelo García y el funcionario municipal, actualmente preso, Fernando Ruiz. El primero ofrece al segundo "cuatro o 5 millones" por una licencia de ampliación para la clínica Ruber.